La Ley de Responsabilidad Ambiental incluye a nuevos sectores (prioridad 3)

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, obliga a los operadores a adoptar medidas para la prevención, eliminación y reparación de los daños medioambientales que pudieran ocasionar en el desarrollo de su actividad económica o profesional. La Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, es la última actualización de esta normativa y obliga al cumplimiento en los sectores clasificados como nivel de prioridad 3.

Se incluyen en este nivel: la industria textil y del cuero, las industrias minerales, las derivadas de la madera, las industrias del tratamiento de aguas, las agroalimentarias y explotaciones ganaderas, las empresas con consumo de disolventes orgánicos y las empresas de captura de CO2. Los operadores de estas actividades tienen hasta el próximo 16 de octubre de 2021 -las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos contarán con un año más de plazo- para realizar su Análisis de Riesgos Medioambientales y presentar la Declaración Responsable ante la autoridad competente.

 

Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA)

El proceso se inicia con los operadores, que deberán elaborar un Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA) para cuantificar el coste de la reparación de los posibles daños ambientales que se ocasionarían ante un accidente, siguiendo el esquema de la norma UNE 150008 (Análisis y evaluación del riesgo ambiental o equivalentes). Este análisis reforzará los mecanismos de prevención para evitar los daños, asegurará la reparación de éstos y garantizará que esa prevención será sufragada por el operador responsable de la actividad. Además, servirá de apoyo en la toma de decisiones e incentivará políticas de protección medioambiental dentro de la compañía. Este proceso concluye con la presentación por parte del operador de una Declaración Responsable ante la autoridad competente.

El objetivo del ARMA es evaluar el potencial daño al medio ambiente de la forma más restrictiva y objetiva posible, y también establecer la cuantía de la garantía financiera, teniendo en cuenta las exenciones establecidas en el Art. 28 de la Ley 26/2007.

Con la aprobación de la ley en 2007, se priorizó -atendiendo a su potencionalidad- el cumplimiento de operadores de actividades económicas con mayor impacto ambiental: gestión de residuos, instalaciones de combustión, etc. Ahora son los operadores de nivel 3, con actividades de menor riesgo ambiental pero más extendidas, quienes deberán actuar.

 

Desde Anthesis Lavola os podemos ayudar a elaborar el análisis de riesgos medioambientales para vuestra empresa. También para el diseño de estrategias de evaluación de los riesgos ambientales en auditorías de cumplimiento legal y a establecer las estrategias ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG), definiendo acciones optimizadas para la consecución de los objetivos empresariales.

 

Quien contamina, paga

La Ley de Responsabilidad Medioambiental exige una responsabilidad ilimitada para el operador, quien deberá llevar a cabo las medidas de prevención, evitación y/o reparación que sean necesarias, con independencia de que actuase o no con intencionalidad, culpa o de forma negligente. Además, deberá comunicar a la autoridad competente la existencia del daño o la amenaza inminente de daño y adoptar las medidas necesarias para prevenir nuevos daños.

Se pretende la reparación a su estado natural –in natura– de los recursos naturales y los servicios que éstos presten en caso de producirles un daño de carácter relevante. Los recursos protegidos por esta ley son los que están incluidos en el concepto de daño medioambiental: aguas, suelo, especies silvestres de flora y fauna, hábitats protegidos, riberas del mar y de las rías.

 

Infracciones

La Ley 26/2007 fija sanciones a una serie de acciones que van desde no adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas, incumplir las instrucciones de la autoridad, no informar de la existencia de la amenaza inminente o del daño medioambiental, o incumplir la obligación de concertar las garantías financieras obligatorias.

Las infracciones graves conllevan la suspensión de la actividad temporal y una multa de entre 10.001 y 50.000 euros; en el caso de considerarla una infracción muy grave, la suspensión podrá ampliarse hasta un máximo de dos años y la multa podría alcanzar hasta dos millones de euros.


Contacto:

Joana Capote Soares. Responsable de Transacciones y Servicios Corporativos

COMPÁRTELO